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Los docentes universitarios iniciaron un paro de hasta 72 horas por la Ley de Financiamiento

CONADU resolvió la medida de fuerza tras el vencimiento del plazo que le había dado al Gobierno para otorgar el 33,4% de recomposición salarial previsto por la Ley 27.795

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Por Admin4 min de lectura
Docentes universitarios marchando con banderas de CONADU
Docentes universitarios marchando con banderas de CONADU

Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y se enmarca en las acciones previstas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre.

Un ultimátum que venció sin respuesta

El paro estuvo condicionado a que el Gobierno nacional otorgara antes del martes 29 de septiembre el incremento salarial del 33,4% contemplado en la Ley 27.795. Al no producirse esa definición, los gremios avanzaron con la medida de fuerza. El Frente Sindical de Universidades Nacionales buscará coordinar las acciones con CONADU Histórica y prevé realizar actividades durante los días previos a la movilización del 15 de octubre para visibilizar el conflicto en todo el país.

Los sindicatos y las universidades estiman que los salarios docentes requieren una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo gremial se sustenta en el mecanismo de actualización establecido por la propia Ley de Financiamiento Universitario, que también contempla los salarios del personal no docente y los programas de becas estudiantiles.

Un conflicto judicial en paralelo

Mientras se definía el paro, continúa el conflicto judicial por la aplicación de la normativa. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir de manera integral una medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado estableció un plazo de cinco días y advirtió sobre la posibilidad de imponer multas por cada jornada de demora.

La medida cautelar había sido dictada en diciembre de 2025, luego fue avalada por la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme tras una decisión de la Corte Suprema del 25 de junio. El Gobierno nacional sostiene que ya cumplió con la medida cautelar y presentó documentación ante la Justicia para acreditar esa postura; de todos modos, anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Un reclamo que lleva meses

El conflicto por el financiamiento universitario no es nuevo: desde hace meses, distintas federaciones docentes y no docentes vienen sosteniendo paros escalonados y jornadas de visibilización en universidades de todo el país, en paralelo a la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027, que los rectores consideran insuficiente para sostener el funcionamiento de las casas de estudio y la actualización salarial comprometida por ley.

La hoja de ruta hacia el 15 de octubre

Con el paro de 72 horas como antesala, el calendario de los gremios universitarios apunta ahora a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales. Para CONADU y el resto de las organizaciones del sector, la combinación de presión judicial, parlamentaria y gremial es la estrategia con la que buscan forzar una definición del Gobierno antes de que termine el año, en momentos en que el propio Ejecutivo insiste en que ya dio cumplimiento sustancial a lo que exige la ley.

El impacto en las aulas

Más allá de la discusión salarial, el conflicto viene afectando de manera directa el dictado de clases en las universidades nacionales durante buena parte del segundo semestre: estudiantes de distintas facultades reportaron suspensión de cursadas, mesas de examen reprogramadas y comisiones que debieron reorganizar sus cronogramas ante los sucesivos paros. Para los gremios, esa afectación es una consecuencia directa de la falta de respuesta oficial, mientras que desde el Gobierno se insiste en que la medida de fuerza perjudica, en los hechos, a los propios estudiantes que las organizaciones dicen defender. Esa tensión entre el reclamo salarial y el costo académico de cada paro es, para ambas partes, uno de los puntos más sensibles de todo el conflicto.

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