Financiamiento universitario: la Justicia intimó al Gobierno a cumplir la ley en cinco días
El juez Martín Cormick ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 bajo apercibimiento de astreintes, mientras las universidades sostienen un paro escalonado de 23 días
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un capítulo judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Gobierno nacional cumplir con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, otorga un plazo de cinco días para acatar la norma, "bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora".
Qué ordena la Justicia
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que la cautelar ordena aplicar, regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles. El reclamo de los gremios se apoya en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la actual administración y que se actualicen las partidas destinadas a becas.
Un recorrido judicial extenso
La disputa tiene una larga historia en los tribunales. Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado, y advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender.
El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y pidió la excusación de los integrantes de la Corte Suprema con el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar.
El acuerdo de junio y por qué no cerró el conflicto
El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes firmaron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $ 50.000 millones. También contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias.
Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía "en lo sustancial" los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la cautelar, por lo que pidió formalmente su levantamiento. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido: sostuvo que el Estado "no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente" de los acuerdos ni que exista "una definición efectiva y final" sobre el deterioro de ingresos, y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio. Desde el CIN habían calificado el acuerdo de junio como "una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo".
La paritaria fracasó y los paros continúan
El conflicto volvió a un punto crítico el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta idéntica a la presentada a comienzos de mes y que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. Los gremios reclaman una recomposición cercana al 32%. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización, que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó: "No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple". Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, coincidió: "Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir".
El Presupuesto 2027 y la próxima marcha
La discusión también se trasladó al Congreso. Los rectores reclaman $ 11 billones para el funcionamiento de las universidades, frente a los $ 7,3 billones asignados en el proyecto oficial de Presupuesto 2027, una cifra que el Gobierno presenta como un aumento nominal del 20,6% respecto de lo transferido en 2026 y que los rectores consideran insuficiente por no descontar la inflación acumulada. El plan de acción de los gremios y del CIN tiene un punto de confluencia: la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, la segunda en lo que va del año.
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