Argentina bate récord en producción de litio, pero crecen las denuncias por evasión y falta de control

El litio volvió a poner a Argentina en el centro de la conversación global. En medio del auge de la electromovilidad, el país alcanzó niveles históricos de producción, consolidándose como el cuarto productor mundial y uno de los principales exportadores de América Latina. Pero detrás del entusiasmo de los números, surgen denuncias crecientes por evasión impositiva, falta de control ambiental y conflictos con comunidades locales.

El oro blanco que brilla en los números

En los últimos doce meses, Argentina exportó más de USD 1.600 millones en carbonato de litio, triplicando sus ingresos respecto a años anteriores. Con tres proyectos en producción (en Jujuy, Salta y Catamarca), y más de 40 iniciativas en distintas etapas de desarrollo, el país se prepara para duplicar o incluso triplicar su producción en los próximos cinco años.

Empresas multinacionales como Livent, Allkem, y Ganfeng Lithium encabezan la inversión en la región. La mayoría operan en el triángulo del litio, una zona que comparte con Bolivia y Chile, donde se concentran más del 50% de las reservas mundiales del mineral.

Lo que no muestran las estadísticas

A la par del crecimiento, organizaciones sociales, referentes ambientales y legisladores provinciales comenzaron a denunciar una serie de irregularidades que atraviesan al sector. Entre ellas:

• Subdeclaración de exportaciones mediante triangulación con filiales en el exterior.

• Contratos opacos entre provincias y empresas sin control federal.

• Impacto ambiental en humedales y salares de gran valor ecológico.

• Falta de consulta previa a comunidades originarias, violando tratados internacionales.

Un informe reciente de la Auditoría General de la Nación advierte que no hay mecanismos sólidos de seguimiento ambiental ni control sobre el volumen exacto de producción y exportación de litio. Además, las provincias -que son titulares del recurso- no cuentan con capacidades técnicas ni recursos suficientes para fiscalizar a las grandes mineras.

¿Quién gana con el boom del litio?

Según estimaciones de consultoras especializadas, solo entre el 3% y el 5% del valor exportado por las empresas queda en las arcas provinciales o nacionales, una proporción muy baja si se compara con otros países mineros.

Mientras tanto, los precios del litio se mantienen volátiles, pero con una tendencia alcista en el largo plazo por la transición energética global. Esto abre un dilema estratégico: ¿cómo aprovechar este recurso sin repetir errores del pasado, como el extractivismo sin desarrollo?

Comunidades en alerta

En Jujuy, por ejemplo, varias comunidades que habitan cerca del salar de Olaroz han elevado reclamos por falta de acceso al agua, desplazamiento de animales, sequía en cultivos y escasa información sobre los efectos de las perforaciones y evaporación masiva que implica el método de extracción actual.

Organizaciones como Fundeps, Be.Pe y la Asamblea Pucará piden frenar nuevos proyectos hasta que se implementen auditorías socioambientales reales, con participación ciudadana. También se exige una mayor redistribución de los beneficios, a través de fondos de infraestructura, salud y educación para los territorios afectados.

Una oportunidad que necesita reglas claras

Pese a las críticas, el litio puede ser una palanca de desarrollo histórico para el país. Pero para eso, se requiere algo más que entusiasmo e inversión extranjera: se necesita una política de Estado clara, un sistema de fiscalización fuerte, transparencia en los contratos y participación activa de las comunidades.

Mientras tanto, los ojos del mundo siguen puestos en Argentina. No solo como proveedor de litio, sino como ejemplo -o advertencia- sobre cómo gestionar un recurso estratégico en un país con instituciones frágiles.

El litio argentino está en su mejor momento productivo, pero enfrenta su mayor desafío institucional. Si el país quiere ser un actor global con legitimidad, deberá demostrar que puede combinar crecimiento económico, justicia fiscal y sostenibilidad ambiental. De lo contrario, lo que hoy brilla como "oro blanco" podría convertirse en una nueva deuda social y ecológica.