07/12/2023

Página web

Las páginas web del Estado porteño deberán ser accesibles a las personas con discapacidad

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial porteños, los organismos descentralizados, las empresas del Estado y las concesionarias de servicios públicos deberán contar con páginas web y aplicaciones cuyos diseños garanticen la accesibilidad a la información y los contenidos a todas las personas con discapacidad.

Así lo determinó una ley sancionada por los diputados y las diputadas de la Ciudad en la última sesión ordinaria del año a instancias de un proyecto elevado por el legislador de Unión por la Patria Juan Manuel Valdés.


"Es un orgullo que la Ciudad de Buenos Aires hoy dé un paso más hacia la inclusión digital", evaluó Valdés, quien preside la Comisión de Discapacidad del Parlamento.

La norma alcanza a "los tres poderes del Estado, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios".

Dispone que "deben respetar en el diseño de sus páginas web, herramientas, tecnologías y aplicaciones, las normas y requisitos de accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad".


Por último, aclara que "por accesibilidad web se entiende a la posibilidad de las personas con discapacidad de percibir, comprender, navegar e interactuar con la información de una página web o aplicación".

"La accesibilidad web representa una barrera para muchos ya que limita su capacidad de participar plenamente en una sociedad cada vez más digital. Es un orgullo que a partir de hoy les podamos garantizar el acceso a la tecnología a las más de 300.000 personas con discapacidad que habitan nuestra Ciudad", remarcó el diputado.


La ley va en línea con las necesidades planteadas desde el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, donde encontraron que las barreras más comunes que afectaban a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia tenían que ver con los entornos digitales.

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